A lo largo del río Atrato se ven en las orillas árboles hasta que se pierde la vista, caseríos de cuando en cuando y decenas de enormes tablones recién aserrados amontonados, listos para la venta.
Cada año se explotan en promedio 4 mil hectáreas de bosques de Chocó para extraer la madera y venderla en Medellín, Cartagena, Pereira, Buenaventura, Cali y Bogotá. Pero los chocoanos viven en casas mal armadas sobre barro, charcos y basuras, sin alcantarillados y muchas veces sin energía eléctrica siquiera.
“A la gente no le queda de lo que tiene. Tanta riqueza que hay, y mire las comunidades cómo están de llevadas”, dice un líder negro.
¿Por qué la gente de Chocó tiene todo y les queda tan poco? Las comunidades negras e indígenas son las únicas dueñas de esa tierra y de las 50 variedades de maderas desde cuando la Ley 70 de 1993 les reconoció la propiedad de los territorios donde históricamente han vivido. O sea que, desde ese momento, extensas zonas que se consideraban del Estado, pasaron a ser de su propiedad.
Los terrenos que pertenecen a las comunidades negras están divididos en grandes parcelas que se llaman consejos comunitarios. Y a los territorios donde están los indígenas se les dice resguardos.
Si uno va por el río Atrato y mira al horizonte, puede que buena parte de ese gran territorio verde le pertenezca a cualquier persona indígena o negra que esté parada al lado de uno. Por eso es tan paradójico que de toda la madera que se extrae de allí, sea tan poquito lo le queda a esta gente, dueña de la tierra.
Trámite costoso
Lo que ha ocurrido es que, desde siempre, la explotación de madera en Chocó se ha hecho sin mayores controles. Para mitigar el deterioro de la naturaleza, el Ministerio de Ambiente emitió en 2007 la resolución 1393, que establece que quien posea una tierra y quiera aprovechar los recursos que hay en ella, debe hacerle una solicitud al gobierno, que decide, en este caso, la cantidad de madera en metros cúbicos que se pueden cortar.
Para pedir ese permiso, los consejos comunitarios y los resguardos deben presentar un estudio que diga cuántos árboles hay en el territorio, de qué especies son y qué medidas de grosor y altura tienen. Además, deben entregar un plan de aprovechamiento, donde diga qué es lo que se va a hacer allí, qué equipos se van a usar y cómo es que se respetará el ambiente.
Elaborar esos documentos vale un platal que no suelen tener los chocoanos nativos. Para pedir un permiso de extracción de 10 mil metros cúbicos, que es el promedio que se pide, hay que invertir sólo en los estudios al menos 10 millones de pesos.
Al ingeniero forestal Jesús Lácides Mosquera, ex director de la Corporación Autónoma Regional de Chocó (Codechocó) entre 1995 y 2002 se le ocurrió una solución al problema.
“Teníamos una coyuntura y era que los empresarios que venían cortando madera cuando las tierras eran del Estado, se vieron, de repente, parados en terrenos privados. Pero como los dueños de esa tierra no tenían con qué tramitar los permisos para aprovechar la madera, propuse que se asociaran”, dijo Mosquera a Semana.com.
Esa asociación consiste en que un empresario financia los estudios y consigue los permisos del gobierno. Por ese servicio, los consejos comunitarios y los resguardos les dan a los empresarios un 70 por ciento de descuento sobre el 30 por ciento de la madera que tienen autorización de explotar.
“Y a mí, que estoy asesorando, me dan otro 30 por ciento con un descuento igual”, cuenta Mosquera, que ya maneja ese modelo de negocio con 40 consejos comunitarios en la zona alta del río Atrato. El modelo se expandió por todo el departamento y lo están aplicando varios empresarios e ingenieros forestales.
A primera vista parece una asociación productiva, pero en la realidad estas comunidades terminan entregando el control sobre sus territorios a terceros a cambio de una fracción de su riqueza.
Como esclavos
Las normas están hechas para que los representantes legales de los consejos comunitarios y los cabildos de los resguardos tengan el control de lo que pasa en sus tierras. Así, quien va a sacar madera, debe tener su consentimiento para que Codechocó pueda emitir un salvoconducto que permita movilizarla por el río o por tierra. Pero tener un socio implica darle licencia para que diligencie salvoconductos ante CODECHOCÓ.
Y, ¿qué es lo que está pasando? Que no siempre el empresario que inyecta dinero es quien va y extrae la madera directamente, sino que, a su vez, revende su cuota del negocio autorizado.
Aparecen entonces los intermediarios. Ellos no suelen tener contacto con los representantes legales de los consejos comunitarios ni con los cabildos indígenas, sino con el empresario privado que tramita los salvoconductos.
Los intermediarios utilizan cuadrillas de aserradores, que son precisamente los propietarios de esos bosques, pues son los que los conocen bien y están dispuestos a hacer el trabajo pesado para ganarse la vida.
El intermediario les da la motosierra, la comida y el combustible para que se internen en la selva durante meses, corten la madera, la saquen a las quebradas y la transporten hasta los sitios de acopio. Generalmente, deben llevarla hasta las cabeceras de los municipios más grandes, donde el negociante maneja sus redes comerciales.
“Aquí hay unos compradores que dotan de herramientas, comida y motosierras a las personas que cortan esa madera”, explica Manuel Humberto Moreno, alcalde de Vigía del Fuerte, un municipio que queda en la orilla antioqueña del Atrato.
Cuando llegan los aserradores, se liquida el valor de la madera y se les empiezan a descontar las cuotas que deben pagar por la motosierra, el alimento, la gasolina que se gastaron las lanchas y la misma motosierra.
“En últimas, la gente termina trabajando por un plato de comida, porque en lo que cobra no tiene en cuenta ni el esfuerzo que realiza ni el tiempo que se gasta trabajando y, fuera de eso, sale a deber”, cuenta una líder negra que ha observado la situación.
Sin control
Este modelo presenta tres problemas para los habitantes de las orillas del Atrato. Primero, no ven en la madera, el producto que más debería aportarles económicamente, una verdadera posibilidad de negocio.
“La madera no es recomendable por tanto pago que hay que hacer como transporte, combustibles y alimentación. No trae sino cansancio”, dice un líder indígena.
Si esa cantidad de gastos deben asumirlos quienes están dentro del modelo de negocio que está operando, para aquellos que no están en él sí que les sale más caro.
“Aquí uno corta cuando hay mucha necesidad. A veces le compran a uno y queda debiendo porque toca pagar 80 mil pesos de gasolina para la motosierra, 70 mil para la lancha, 100 mil al que maneja la motosierra, comida y el salario para los empleados, más los impuestos a los consejos comunitarios o los resguardos para que le den a uno el salvoconducto y los que cobra además Codechocó”, cuenta un habitante de la orilla del río mientras repara su motosierra para salir a cortar madera, sin esperanzas de obtener mucho dinero.
El segundo problema para las gentes negras e indígenas es que a sus territorios entran personas que ni siquiera se sabe quiénes son. Pueden ser enviadas por los intermediarios, que mandan a los aserradores a trabajar a cualquier parte donde hayan comprado árboles para cortar, o desconocidos que quieren usar las tierras ajenas.
Eso ha generado señalamientos y algunas tensiones. “El problema sobre la explotación de la madera es que los negros de la comunidad vecina no respetan nuestro territorio. Se pasaron el lindero”, según le dijo a Semana.com un líder indígena.
Entonces los líderes no saben si esas personas están dentro del negocio o si están robando sus recursos. Si tuvieran la potestad de certificar cuánta madera sale de sus resguardos o consejos comunitarios para que Codechocó expida los salvoconductos de movilización, podrían pelear más fácil por lo suyo. Pero como ya les han entregado a sus socios capitalistas parte de esa potestad también, perdieron el control.
Además, en 2007 se perdieron 800 salvoconductos en blanco de las bodegas de CODECHOCÓ y no se han recuperado ni se han detectado a los culpables. Posiblemente, sea muy fácil tener uno de estos en el mercado negro para movilizar la madera cuyo corte no ha sido autorizado por ninguna autoridad ni por ningún empresario.
Héctor Damián Mosquera, director de CODECHOCÓ, reconoce que “en todas partes hay tala ilegal, pero no tenemos la capacidad operativa para controlar todo el territorio”.
Silencio y miedo
Y si alguien nota que en su tierra están cortando madera sin permiso, prefiere el silencio, y este es el tercer problema del modelo que se está aplicando. ¿Por qué callan? Porque el primero que puso en practica la idea de repartir motosierras, comida y gasolina a cambio de trabajo fue el paramilitar Fredy Rendón Herrera, alias ‘el Alemán’, y su bloque, el Élmer Cárdenas, que asoló esa región entre 1995 y 2006.
“El negocio de la madera era porque necesitábamos finanzas. Nosotros les
entregábamos la motosierra, la comida y el combustible al precio que valía. Y como la tropa avanzaba combatiendo a la guerrilla, ellos trabajaban en zonas que estaban más controladas y nos vendían la madera a nosotros al precio que se vendía en Riosucio. Si nos vendían a 700 mil, nosotros se lo vendíamos al comprador de Cartagena a 850 mil, por decir algo. En Cartagena nos compraban directamente a nosotros. Manejábamos 200 motosierras, 400 ó 500 mulas, que podían producir 100 millares de madera trimestral”, según le dijo ‘El Alemán’ a la revista SEMANA en una entrevista.
De acuerdo con sus declaraciones, en su negocio no había contrabando. “Los campesinos tenían los permisos y lo único que nosotros hacíamos era una venta. Pagábamos a la proveedora, pagábamos combustible y pagábamos un porcentaje a la máquina y a los semovientes. Le vendíamos al que nos trajera la plata en efectivo, nosotros no fiábamos. Nos llegaba la plata en costal. Había meses de 200 millones, 100 millones. Era la participación que teníamos nosotros. Y el campesino tenía la posibilidad de volver al monte e ir pagando la herramienta que no tenía”, dijo ‘El Alemán’ en aquella entrevista.
La gente de la región, conociendo cómo actuaban estos hombres y que estaban detrás de muchos de quienes entraban a cortar madera en sus tierras, considera todavía que es mejor no hablar.
Cuando existía el bloque paramilitar Élmer Cárdenas, quien no estuviera dentro de su esquema de negocio debía pagar vacunas. “Eran pagos concertados. Los madereros pagaban voluntariamente un impuesto del 5 por ciento sobre maderas finas y 3 por ciento sobre maderas ordinarias. A las personas que no querían contribuir, no se les tomaba algún tipo de retaliación. Esas empresas que aportaban eran Maderas del Darién y Tríplex Pizano”, de acuerdo con lo dicho por ‘el Alemán’ en sus versiones libres de junio de 2007.
Es decir, buena parte del negocio de la madera estaba controlado por los paramilitares. Por eso es que el aprovechamiento de la madera a lo largo del río Atrato es un tema casi secreto, del que no se habla en público.
“¿Usted quiere que le hable de la madera?”, pregunta la gente en susurro, mirando a los lados, para decir después: “pero aquí no”. En seguida, sugieren hablar en un espacio privado y sin que se vaya a hacer público su nombre. Y ahí sí comienzan a contarlo todo.
En Riosucio cuentan que los paramilitares les están pidiendo a los representantes legales de los consejos comunitarios un porcentaje del total de madera que les dejen cortar. De cada licencia piden el 10 por ciento.
Al que no acepte, lo amenazan. “Usted tiene que financiar esta guerra también”, es el pretexto que usan hombres que dicen pertenecer a las Águilas Negras. “Y vaya y denuncie y verá que más se demora usted en contar que nosotros en enterarnos”, les advierten.
Además, “cuando nos ven con madera, nos piden vacunas”, relata un indígena, igual de sigiloso, midiendo sus palabras.
El sargento Gabriel Peña, comandante de Policía en Riosucio, cuenta que “la gente dice que la extorsionan, pero cuando vamos a averiguar, dicen que no. Les da miedo hablar con nosotros porque creen que si los ven, piensen que nos están dando información y tomen venganza. El problema es que la gente no denuncia, pero se dice que por todas partes andan actores armados, están unos días y después se van. No hemos podido detectarlos”.
La guerrilla, que sigue asentada en las partes altas de las montañas, donde están los mejores árboles madereros, sabe que quien sube a cortar es porque está financiando a sus enemigos. A veces piden vacuna también, amenazan o golpean y les impiden su presencia a quienes suben a talar.
La Defensoría del Pueblo ha advertido que en algunos lugares de este municipio, las FARC “han impuesto una exacción forzosa del cinco por ciento sobre la madera que extraen las comunidades e intervienen constantemente en las decisiones de las autoridades indígenas, además de realizar homicidios selectivos”.
Una fuente de esa institución en Bogota contó que es bien conocido que desde Vigía del Fuerte, en la orilla antioqueña del río Atrato, los paramilitares controlan sus operaciones. Pero también, en algunos lugares alejados del casco urbano de ese municipio, “las Farc están implantando cultivos lícitos e ilícitos y vienen explotando y comercializando recursos maderables”, según alertas emitidas por la Defensoría.
El coronel Hernando Herrera, jefe de Estado Mayor de la brigada XV, sabe que “en Chocó, la madera mueve mucho comercio y es por medio de pequeños y medianos comerciantes que los grupos ilegales buscan apoyo. Hemos combatido y hablado con los comerciantes para que denuncien”, pero nadie lo hace, según cuenta.
En últimas, en Chocó la gente sigue soportando la pobreza, bien sea por la violencia que los aqueja o porque están, como explica una lider, como la parábola del elefante. “¿La conoce?”, pregunta. Y responde: “a los elefantes de los circos los amarran desde pequeños a una cuerda y ellos se acostumbran a que ésta los domina. Pero cuando crecen, los elefantes tienen tanta fuerza, que son capaces de tumbar el circo entero. Sin embargo, se mantienen controlados cuando los amarran, porque no se han dado cuenta de lo que pueden hacer”.
Y eso, según ella, puede estar pasándoles a sus coterraneos de Chocó. Ya son dueños de la tierra y sus recursos, pero les falta usar el poder que tienen para exigir lo justo.
Cuando se den cuenta de que ya no son como los elefantes pequeños, ese paradójico paisaje de maderas, verdes de muchos árboles y pobreza a lo largo del río Atrato, podría convertirse en otro diferente, donde se vea que la riqueza que crece en esa selva todos los días es para quienes se ganaron su derecho a aprovecharla.
FUENTE: Revista SEMANA
