El 12 de marzo de 2010, al despacho del director general de Ingeominas, Mario Ballesteros, llegó una carta de la multinacional Drummond Ltda. solicitando la prórroga del contrato que desde 1988 y hasta 2019 ostenta esta empresa para la explotación de las minas de carbón en el departamento del Cesar. La propuesta de la firma era extender el contrato por 30 años más, fundamentando su solicitud en el desarrollo de un gran proyecto minero que se tiene previsto desarrollar en la zona hasta el año 2060.
En su misiva, el presidente de la Drummond en Colombia, Augusto Jiménez, resaltó que el proyecto minero requiere inversiones superiores a US$1.500 millones y que unas expectativas de esta dimensión sólo podían ser avocadas teniendo certeza de la prórroga de los contratos. Dos meses después, el 11 de mayo, la empresa Drummond envió una nueva carta planteando varios elementos de análisis económico sintetizados en la comparación del contrato original y varios otrosí firmados a través de los años.
La respuesta de Ingeominas se produjo el 22 de julio y fue firmada por el subdirector de Fiscalización y Ordenamiento Minero, José Neiza Hornero. En ella, el funcionario aclaró que las circunstancias en que se habían suscrito varios ajustes al contrato no podrían convertirse en parámetros de aplicación para la nueva realidad. En concreto, Neiza expuso que la condición para prorrogar el contrato era una contraprestación económica a favor del Estado por el 5% del valor de las utilidades operacionales de la empresa Drummond.
El 5 de agosto, el mismo Neiza Hornero, después de una reunión entre ejecutivos de Drummond y altos funcionarios de Ingeominas para revisar el otrosí propuesto por la multinacional, envió los términos de lo acordado a la empresa Espinosa y Asociados para que conceptuaran sobre el parcial acuerdo. Pero ese mismo día a las 9 y 23 minutos de la noche una ejecutiva de Drummond envió a los funcionarios de Ingeominas el modelo de otrosí para que fuera firmado de inmediato (ver facsimil). Sin el concepto de Espinosa y Asociados, la prórroga iba a firmarse.
Fue entonces cuando José Neiza Hornero, el 6 de agosto, a 24 horas de terminar el gobierno Uribe, renunció a su cargo y le dejó claro al director de Ingeominas que de ninguna manera podría atender sus instrucciones de conceptuar favorablemente la prórroga del contrato con Drummond, ni tampoco hacerlo con otro asunto a su disposición: la prórroga por 30 años del contrato que Cerro Matoso tiene para la explotación de níquel en el departamento de Córdoba.
En el último caso existía de por medio un asunto aún más delicado: desde el 24 de junio, Carlos Antonio Espinosa Pérez, de la empresa Espinosa y Asociados, le había escrito al director del Servicio Minero, José Fernando Ceballos, que su oficina no consideraba posible prorrogar el contrato con Cerro Matoso porque era evidente que se estaban lesionando los intereses del Estado y porque además los textos propuestos eran contrarios a las normas legales y conllevaban un detrimento del patrimonio público.
Y nuevamente hubo varios correos electrónicos, esta vez desde la gerencia de Asuntos Legales de Cerro Matoso, donde siguió cobrando forma la prórroga del contrato de concesión para la explotación de níquel. Como si fuera poco, ya se había suscitado un conflicto adicional con la asesora de Ingeominas Mélida Cabezas, quien puso en conocimiento de  los organismos de control el hecho de que a ella se le canceló su contrato por advertirle  a Ingeominas que Cerro Matoso estaba atrasado en el pago de $24.892 millones por concepto de regalías.
El 11 de agosto, ya en tiempos del presidente Santos, se conoció que Neiza Hornero le envió una nueva carta el director de Ingeominas Mario Ballesteros en la que le recordó que él le había dicho que era orden de la Presidencia tramitar y suscribir las prórrogas de Drummond y Cerro Matoso. Además de reiterarle su renuncia, Neiza Hornero dejó constancia de que había sido maltratado, presionado e irrespetado y que su oposición a las prórrogas obedecía a su experiencia y conocimiento del tema.
El pasado 19 de agosto, el director de Ingeominas, en carta a El Espectador, calificó de totalmente falso que haya dado instrucciones algunas al ingeniero Neiza y que el caso de Cerro Matoso estaba sometido a un tribunal de arbitramento. Además, Mario Ballesteros añadió que nunca tuvo conocimiento de conceptos negativos de Neiza respecto de las pretensiones de Drummond y que su lucha era contra la corrupción y las prácticas non sanctas que aquejan al sector.
Este viernes, tras los hallazgos de El Espectador de los correos electrónicos donde queda claro que la prórroga con Drummond y Cerro Matoso iba en marcha, el director de Ingeominas, Mario Ballesteros, precisó que nada de lo dicho es cierto, que todo son especulaciones, que él no firma contratos y que por ahora no hay prórrogas con ninguna de las dos compañías. A su vez, a la empresa Drummond se le envió un cuestionario sobre el tema y al cierre de esta edición aún no había sido contestado.
Este viernes 27 de agosto, en la página web de la Casa de Nariño fue cargada una circular del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República expedida el 4 de agosto donde se advierte que la ciudadanía debe conocer a los aspirantes a los altos cargos del Gobierno. Acompañando la directiva aparece que el ingeniero eléctrico Andrés Ruiz Rodríguez aspira a prestar sus servicios como director de Ingeominas. Será el reemplazo de Ballesteros. La ciudadanía no ha hecho observaciones.

Fuente: El Espectador

“Este ha sido el mejor año para los negocios de compra-venta de oro en El Bagre, Antioquia. El precio del oro tiene alborotada a la comunidad y cada vez son más la personas que buscan ‘el Dorado’ en los ríos Tiguí y Nechí, para traerlo a nuestros establecimientos”, cuenta Joaquín Pérez, el gerente de la compra-venta de oro Londres, ubicada en El Bagre, mientras agita las palmas de sus manos y supervisa el pago de $540.000 a una abuela que acababa de entregar 15 tomines de oro (8,625 gramos) al empleado del local.

En las afueras del negocio, Camilo, un barequero de aproximadamente 14 años, mezcla con mercurio una batea llena de agua y tierra para encontrar el producido del día: unas pequeñas piedritas doradas que cuidadosamente coloca en una caja plástica para completar unos 5 tomines de oro y ganarse por ellos $180.000.

En la compra-venta Londres, por cada tomín (0,575 gramos de oro) pagan $36.000. “El precio es el mismo en los aproximadamente 20 establecimientos que compran oro en el sector”, cuenta Camilo.

En El Bagre todo gira alrededor del oro. A diez minutos está el campamento de Mineros S.A., una empresa que produce l00.000 onzas de oro al año, mediante extracción aluvial en el río Tiguí, el mismo donde hay unas diez dragas ilegales extrayendo oro para aprovechar la bonanza de los precios y cientos de barequeros que, como Camilo, buscan el sustento diario en esta actividad.

Aunque Mineros S.A. tiene títulos mineros a perpetuidad y licencias ambientales para explorar en las profundidades de los ríos Tiguí y Nechí, la invasión de los mineros ilegales en los terrenos de la empresa no da tregua. Junto a los vallados que detallan la información de los títulos mineros de la compañía, se instalan dragas de todos los tamaños, que no tienen la infraestructura adecuada para extraer el oro y le causan daño al medio ambiente.

“Mineros no puede hacer nada para controlar la ilegalidad. La empresa ha instaurado amparos administrativos para que la Administración Municipal actúe, pero más se demoran las autoridades en sacarlos río abajo, que ellos en regresar, con el agravante de que llenan el río de mercurio, contaminando las aguas y arriesgando la vida humana, porque los peces que se consumen salen del río con el mercurio en sus tejidos”, explica Carlos Cardona, ingeniero medioambiental de Mineros S.A.

“La situación es alarmante. La minería de oro está generando grandes vacíos ambientales por la contaminación con mercurio. Los caudales de los ríos en el Bajo Cauca se asimilan a las secuelas que deja un bombardeo sobre el territorio y los pasivos ambientales por cuenta de la extracción del oro son cada vez más grandes”, dice Juan Mayr, ex ministro de Medio Ambiente.

A pesar de que la informalidad siempre ha existido, los habitantes dEl Bagre y de Zaragoza aseguran que desde comienzos de año viene disparada como consecuencia del incremento en los precios del oro. La situación es similar en Chocó y en general en el noroccidente del país, donde se encuentran las reservas de oro que, según la Cámara de Asomineros de la Andi, superan los 25 millones de toneladas.

Apetito mundial

Desde comienzos de este año, el precio del oro se ha incrementado en cerca de 40%, ante la debilidad del dólar. El 2 de enero, una onza de oro se cotizaba en US$879 y para el 3 de diciembre la cifra estaba en US$1.225. Como explica Carlos Caballero Argáez, ex ministro de Minas y Energía, el incremento en el precio se debe a “que el oro siempre será un refugio importante para los inversionistas, cuando el dólar deja de serlo”.

La bonanza de buenos precios internacionales, que contrasta con la debilidad del dólar, tiene a los Bancos Centrales de todo el mundo buscando alternativas para diversificar sus reservas, lo que a juicio de los economistas continuará alimentando las alzas de la cotización y seguirá despertando el apetito de muchos por la búsqueda de ‘el Dorado’.

Inclusive, el director del Fondo Monetario Internacional (FMI), Dominique Strauss-Kahn, afirmó que la venta de reservas de oro se convirtió en una forma de crear una nueva fuente de ingresos para las operaciones del FMI. “La mayoría de los ingresos por la venta de oro se usarán para establecer un fondo de inversiones con normas más flexibles”, explicó en un informe publicado en el Portal de Información Minera Colombia (IMC). De hecho, recientemente, el FMI le vendió a India 200 toneladas de oro por un valor de US$6.700 millones.

Para los analistas del mercado es claro que, mientras se mantengan los precios alcistas del oro, las oportunidades serán extraordinarias para países que, como Colombia, tienen reservas para atraer la inversión. El reto está en saber aprovechar el buen momento para generar riqueza y ejercer los controles necesarios para evitar que la fiebre por el oro siga contaminando el agua y destruyendo el medio ambiente.

Las nuevas inversiones

Según la Cámara de Asomineros de la Andi, para 2010 se esperan inversiones en Colombia por US$236 millones en proyectos de exploración aurífera (ver tabla). La cifra puede parecer baja para la magnitud del negocio, pero corresponde a la gradualidad de inversiones que exige este sector.

Arturo Quiroz, gerente de la Cámara de Asomineros de la Andi destaca la llegada de compañías extranjeras de todos los tamaños y la dinámica de inversión de las ya existentes.

Por ejemplo, Mineros S.A., iniciará nuevos proyectos de exploración, en una mina subterránea en Zaragoza, con miras a incrementar la producción en los próximos diez años. “La proyección para 2020 es que Mineros S.A. se convierta en una de las primeras 15 empresas listadas en el mercado de valores colombiano, con una producción anual de 500.000 onzas al año y un valor de mercado superior a los US$2.500 millones”, afirma Beatriz Uribe, presidente de Mineros.

Por su parte, AngloGold Ashanti, que ya tiene el visto bueno del Minambiente planea continuar con la etapa de exploración del proyecto La Colosa, ubicado en el municipio de Cajamarca.

Pero además de estos grandes inversionistas, también están llegando mineros ilegales que en su afán por sacar oro están depositando químicos en el agua y modificando totalmente el cauce de los ríos.

Los barequeros, que extraen ilegalmente el oro, tienen poca conciencia ambiental y dejan escapar un alto porcentaje de mercurio, que es absorbido por el buchón (capa de vegetación que crece en la ciénaga) y luego es consumido por el ganado, cuya carne es de consumo humano.

Los ministerios de Minas y de Ambiente son conscientes del daño que causa la minería ilegal y de la urgencia de ponerle freno, pues podría convertir la oportunidad del oro en una gran amenaza si no se toman las medidas necesarias.

Ilegales en la mira

Ingeominas estima que al menos un tercio de la producción de oro en el país, que hoy es de 34.321 kilogramos de oro, proviene de actividades extractivas ilegales.

Para el Comandante de Policía de Zaragoza lo más grave es que un porcentaje de los recursos de la mina ilegal queda en manos de grupos armados. Durante la inauguración de la mina La Ye, en Zaragoza, Antioquia, dijo que “en la zona de Guambocó, la minería ilegal les genera a los grupos guerrilleros ingresos aproximados por $500 millones”.

Ante esta situación, el Ministerio de Ambiente, con el apoyo de la Corporación Autónoma Regional para la defensa de Bucaramanga, implementó un programa en Bucaramanga y Chocó, mediante el cual intervino 12 de las 36 minas de producción ilegal en la región. Les dio asistencia técnica y las capacitó hasta lograr una reducción de 82% en la utilización de mercurio y de 36% en la de cianuro.

Sin embargo, Bucaramanga solo representa el 1% de la producción de oro del país, mientras Antioquia produce el 60% y concentra gran parte de la minería informal. “En este sector ha sido más difícil trabajar debido a las barreras culturales”, dice el ministro de Ambiente, Carlos Costa. No obstante ya hay un convenio con la Organización de la Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (Onudi) para invertir más de $1.200 millones en el desarrollo de proyectos pilotos que permitan disminuir la utilización de mercurio en un 50% durante los próximos 5 años.

La directora de Minas del Ministerio de Minas y Energía, Beatriz Duque, también reporta avances en el tema. “En Chocó se decomisaron recientemente 22 dragas ilegales”, sostiene.

A pesar de esto, hay preocupación entre empresarios y ambientalistas por el Código Minero, una herramienta vital para generar inversión. Según Juan Mayr, “un congresista del Chocó, que hoy está preso, le introdujo un mico para favorecer a los mineros ilegales. El Presidente no lo sancionó y lo devolvió al Congreso para su revisión y modificación. Pero ahora está en pleito por infinidad de intereses”.

Entre tanto, el Ministerio de Minas y Energía comenzó a implementar una estrategia en 31 distritos mineros para que los mineros se legalicen y formulen programas de competitividad sostenible. A través del Fondo Nacional de Regalías, el Ministerio consiguió recursos por $23.000 millones para financiar proyectos que permitan la legalización de mineros.

¿Dónde está la riqueza?

Paradójicamente, en municipios como El Bagre y Zaragoza la ‘riqueza’ se siente por las cantidades de dinero en efectivo que se transan en la compra-venta de oro y en el comercio, pero lamentablemente los municipios tienen un atraso gigantesco en infraestructura, educación, manejo de los recursos hídricos y acceso a los servicios públicos, lo que a simple vista refleja una inmensa pobreza, a pesar de la riqueza de sus suelos.

El Comandante de la estación de Policía de El Bagre dice que, lastimosamente, sus 57.000 habitantes no tienen una dimensión del costo del dinero. “Una persona puede ganarse $1’000.000 ó más en un día por la venta del oro que extrae de los ríos, pero así mismo se los gasta en una noche tomando whisky en cualquier bar de la región”.

Así mismo, el costo de vida es alto por el mismo atraso y las dificultades para llevar los productos a la región. “En Zaragoza, un huevo cuesta hasta $4.000″, cuenta una de las trabajadoras de Mineros.

En lo corrido del año, Mineros le ha girado $5.620 millones a El Bagre y a Nechí por concepto de regalías y con la operación de la mina La Ye aportará $2.450 millones anuales más para la región. Sin embargo, ese dinero no se ve por ninguna parte. Por fuera del campamento no hay viviendas dignas.

El presidente de Colpatria y presidente de la junta directiva de Mineros, Eduardo Pacheco, dice que es poco lo que la empresa privada puede hacer para verificar que las regalías se inviertan en el desarrollo de la región. “Lo único es crear conciencia para que los ciudadanos exijan y sean veedores del desarrollo de la comunidad”, dice.

Es evidente que la bonanza de recursos naturales puede llevar a un círculo vicioso donde la abundancia de recursos por la venta del oro genera mayor corrupción y la riqueza es capturada por unos cuantos grupos de interés. Colombia se enfrenta al reto de cambiar esta realidad e intervenir a tiempo para canalizar los recursos de manera adecuada y proteger el medio ambiente, porque cuando los precios vuelvan a caer, las regiones que hoy tienen la riqueza en sus suelos podrían quedar expuestas a una pobreza mucho mayor y sin alternativas para superarse.

Fuente: Dinero

Las ventajas comparativas están asociadas a la riqueza con que nació o fue dotado un territorio. Sin embargo, el mal aprovechamiento que se le ha dado a nuestros recursos mineros, particularmente por la minería ilegal que no genera regalías, destruye el medio ambiente y no responde por nada, ha generado una avalancha de acciones en contra del activo más valioso con que cuenta el país, que paradójicamente es el antídoto para no sólo reducir la pobreza, sino encaminarnos a un desarrollo sostenible aprovechando esta palanca estratégica como lo han realizado Chile y Australia, entre otros.

Luchamos por generar crecimiento, mejorar nuestra calidad de vida y bienestar, y cuando vemos luces que nos iluminan, aparecen nuevos obstáculos creados por nosotros mismos. Es decir, casamos el tigre y nos asustamos con el cuero. Para citar un ejemplo, y de un país latino, analicemos el caso de Chile que en los últimos 15 años ha tenido un crecimiento económico sostenible, elevando en forma significativa el nivel de vida de sus habitantes, triplicando su PIB per cápita, e incluso, impulsando otros sectores de la economía.

La minería como cualquier actividad humana o industrial ocasiona impactos ambientales, y Chile ha entendido cómo avanzar en forma sostenida, aprendiendo de los errores, manejando sus conflictos y sentando bases sólidas para la nación alrededor del sector minero.

Por errores del pasado, no podemos condenar el futuro, y aún está en nuestro mapa mental grabado los graves atropellos que hemos cometido contra la naturaleza, con el desarrollo de una actividad minera contaminante y que ha generado efectos negativos sobre el medio ambiente.

Actualmente, la tecnología de explotación y beneficio en minería, ha desarrollado procesos compatibles con el medio ambiente que permiten la reutilización del agua, tratamiento en circuito cerrado de relaves y mejores prácticas que buscan más eficiencia en los procesos. La tecnología avanza a pasos agigantados y el compromiso responsable traspasa las fronteras.

Por parte de las mineras es fundamental presentar reportes claros con transparencia, homologables a nivel mundial, como el Global Reporting Initiative, GRI, que estandariza la forma de cuantificar y comunicar emisiones o indicadores de desempeño ambiental que nos permitan avances sostenibles en el largo plazo.

El desconocimiento del tema, genera miedos que se convierten en temores, los que a su vez se convierten en rechazo. Por otro lado, se dedica escasas líneas a la exitosa mediana y gran minería que desde hace más de dos décadas ha sido el soporte fundamental de los desarrollos locales que han producido Cerro Matoso en Córdoba y Cerrejón en La Guajira, donde hoy se construye además, un complejo hotelero integrado.

En un artículo publicado el 25 de julio en el diario El Tiempo, por el ex ministro Rodríguez Becerra, alertaba cómo en el mes de mayo, “el Parlamento Europeo solicitó a la Comisión Europea la prohibición total del uso del cianuro en la minería del oro en todos los países de la Unión”. Paso seguido lamentaba cómo la propuesta no era acogida. Recordamos que esto obedeció a un profundo análisis profesional, donde la Comisión consideró que una prohibición general del uso del cianuro en las actividades mineras no era justificada desde puntos de vista ambientales o de salud.

Además, agregó que la legislación existente sobre manejo de residuos mineros (Directiva 2006/21/EC) incluye precisiones y requerimientos estrictos que aseguran un adecuado nivel de seguridad en el manejo de los residuos mineros y los valores límites de almacenamiento de cianuro, como se definen en la Directiva, son los más rigurosos posibles e implican en la práctica la destrucción del cianuro utilizado.

Actualmente, el 20 por ciento de la producción total de cianuro se usa para elaborar cianuro de sodio, una forma sólida de cianuro considerado de fácil y segura manipulación. El 90% del citado 20% (alrededor del 18% de la producción total de cianuro) es usado en procesos mineros alrededor del mundo, mayoritariamente en el proceso de disolver el metal de la roca pulverizada.

Por otro lado, diferentes países han considerado que la prohibición del cianuro en minería es ilegal, dado que esta es una actividad legal, reglada, declarada de utilidad pública e interés social y si sólo el 18% de la producción total de cianuro es usada en procesos mineros, entonces, ¿qué pasa con el cianuro de otras industrias? ¿Será que la peligrosidad depende de la industria? Parece más un trato discriminatorio y sesgado, que no tiene fundamento, a no ser su mala utilización por parte de mineros ilegales sin control, en cuyo caso el problema es otro.

Actualmente, compañías mineras y químicas, ecologistas, ONG, bancos y reguladores, trabajan con el Instituto Internacional de Manejo del Cianuro sobre Código Internacional de Manejo del Cianuro, con el fin de lograr un diálogo claro con comunidades sobre el manejo del cianuro en la minería.

Nueve empresas mineras auríferas que se han convertido en las primeras en firmar el Código, acordaron someterse a auditorías independientes, cuyos resultados estarán al alcance de cualquier persona que desee leerlas, y han prometido tener contacto directo con las comunidades para reportar y explicar incidentes y, sobre todo, la manera en que utilizan el cianuro.

La implementación del Código Internacional del Cianuro ya está siendo financiado por un impuesto voluntario. Para AngloGold Ashanti, Barrick, Gold Fields, Kinross, Newmont y Placer Dome, este es un accionar importante, que involucra una gran parte de sus principales minas auríferas en el mundo.

El Instituto Internacional del Manejo del Cianuro cuenta con un ejecutivo de la Fundación World Wildlife, quien ha estado trabajando durante varios años en un código de certificación minera ambiental para las compañías mineras australianas.

Expertos en el tema, como Luis Alberto Mesa Saucedo, quien fue director por más de 30 años del Centro de Metalurgia Extractiva de la Universidad Nacional, Cimex, aclaran que el proceso de cianuración de oro se ha empleado en la industria minero-metalúrgica desde 1887, y que revisada la literatura especializada, no se conoce de pérdidas humanas por el empleo directo de la cianuración, a no ser que las personas hagan ingesta intencional de cianuro. Los accidentes que han ocurrido a nivel mundial se deben principalmente a fallas estructurales de las presas de colas y no debido a la naturaleza del proceso.

Igualmente, el control operacional de la cianuración es relativamente sencillo si se capacita adecuada y responsablemente al personal involucrado en el proceso por ser una alternativa viable y muy práctica. Por lo general, todas las soluciones efluentes de cianuración se recirculan al proceso hasta cuando están saturadas con iones metálicos.

En ese momento, estas soluciones efluentes se tratan para degradar y destruir el cianuro remanente por diferentes metodologías actualmente aplicadas por las empresas mineras a nivel mundial. Lo mismo ocurre con las colas minerales de cianuración, las cuales se tratan con estos procesos de degradación de cianuro por métodos simples.

La minería es la gran oportunidad para el desarrollo del país y cuenta con propuestas ingenieriles serias y coherentes, con parámetros internacionales que permiten un equilibrio justo entre el desarrollo económico sostenible y la transformación productiva de los bienes esenciales dotados al hombre por la naturaleza.

JORGE ALBERTO JARAMILLO PEREIRA. Presidente, Asociación de Ingenieros de Minas de Colombia.

Fuente: Portafolio

La minería ha sido estigmatizada históricamente en nuestra ciudad por su alto impacto ambiental, es por eso que la Alcaldía de Medellín y la Universidad Nacional, mediante el grupo de investigación Gemma, trabajan en la implementación de lo que será primer Parque Minero Industrial de la ciudad de Medellín, el cual  estará ubicado en el corregimiento de Altavista, tierra de tradición en la explotación del suelo mineral.

Los Parques Minero Industriales son zonas en donde se permite desarrollar a largo plazo la actividad minera (entre 30 y 60 años), aprovechando al máximo sus reservas minerales bajo parámetros de sostenibilidad ambiental. La alternativa surge por ser una de las principales áreas que concentran la extracción de materiales mineros en la ciudad y como propuesta dentro del Plan de Ordenamiento Territorial, dada la alta dispersión de títulos mineros del corregimiento.

Para el grupo de investigación Gemma, un Parque Minero Industrial como el de Altavista implicaría para la comunidad del corregimiento “la minimización de impactos como emisiones atmosféricas, contaminación de aguas, impacto visual e infraestructura vial”, algo valioso si se tiene en cuenta que Altavista es un territorio que es reserva hídrica y forestal del municipio.

El proyecto que actualmente se encuentra en una fase de diagnóstico y trabajo de sensibilización con la comunidad, tiene previsto que funcione como modelo para las demás zonas mineras del municipio.

Al tratarse de una intervención a largo plazo, la importancia de que la comunidad participe aportando al reconocimiento empírico de su entorno, juega un papel  relevante, puesto que las mesas de trabajo y los procesos integrales antes, durante y después de la ejecución del proyecto tienen contemplados como actores principales a los habitantes del corregimiento, en lo que sin duda será un avance de la producción minera en armonía con las dinámicas de la diferentes comunidades.

fuente:  corregimientoaltavista.org

El objetivo es obtener yacimientos de oro y metales asociados, bien sea en Colombia o en otros países de América Latina.

La presidenta de la compañía, Beatriz Uribe, dice que se trata de una unidad de negocios que se demorará años en mostrar sus frutos, “pero estamos enfocados en comprometernos con el crecimiento de la empresa”, agrega.

El plan de crecimiento de la compañía está formulado al 2020 y se sustenta en la minería subterránea (tradicionalmente se ha dedicado a la producción de oro de procedencia aluvial). “Este año vamos a invertir alrededor de 40.000 millones de pesos en la búsqueda de yacimientos. Tenemos cerca de 90 proyectos en fila para empezar a explorar y hay 40 sitios activos donde ya estamos haciendo trabajo formal”, indica Uribe.

Los proyectos más avanzados están en el nordeste antioqueño, muy próximos a donde Mineros tiene su actividad industrial.

También explora en el sur de Bolívar, Caldas y Tolima. Mineros concentra sus operaciones mineras aluviales y subterráneas en los municipios de El Bagre, Nechí y Zaragoza. En producción, este año la empresa prevé alcanzar en la operación aluvial cerca de 90.000 onzas de oro y entre 12.000 y 15.000 onzas de oro, por cuenta de las operaciones subterráneas.

FUENTE: Portafolio

Según la lista publicada por la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), 49 compañías clasificaron como operadoras (las cuales se encargan directamente del manejo del campo y responden por la producción, administración y perforación de pozos), mientras que como no operadoras (empresas socias que aportan capital al proyecto y comparten el riesgo en una labor de exploración) fueron aprobadas cuatro.

En la lista de las empresas restringidas, es decir, las que sólo se presentarán para el área Tipo Uno (cuencas con mayor información sobre las cuales se suscribirán contratos de exploración y producción) quedaron aprobadas ocho. En el grupo de las compañías no habilitadas aparecen ocho petroleras.

La expectativa del Ministerio de Minas y Energía es conseguir inversiones cercanas a los 1.000 millones de dólares para los próximos dos o tres años.

La acción afecta las actividades de las empresas Cemex, Holcim y la Fundación San Antonio, que extraen materiales para la construcción -como arena y grava- en el llamado Parque Minero Industrial del Tunjuelo, ubicado en el sur de la ciudad.

La decisión fue tomada por la Secretaría de Ambiente, mediante la Resolución 4626 del 2010, tras corroborar durante los últimos dos años “la afectación ambiental generada por la explotación de estas tres empresas desde la década de los 50″.

Los principales daños al ambiente citados por el Distrito tienen que ver con cambios en el lecho del río Tunjuelo, la pérdida de su cauce y la afectación de sus acuíferos y aguas subterráneas.

‘A las buenas o a las malas’

La suspensión, que se dará a conocer el martes, tendrá vigencia hasta que las tres compañías reduzcan los impactos ambientales, garanticen la estabilidad del suelo y reúnan los permisos para adelantar sus actividades.

El secretario de Ambiente, Juan Antonio Nieto Escalante, manifestó que en Bogotá existen “107 predios dedicados a la explotación y transformación de minerales de construcción, de los cuales sólo siete son legales. Con el cierre de estas empresas damos el golpe más grande al gremio minero, el cual entrará en cintura a las buenas o a las malas”.

Igualmente, se informó que con la suspensión se busca garantizar una franja de seguridad que debe existir entre la explotación minera y los asentamientos de población que existen en la zona y que pueden sumar 2 millones de personas.

Incluso, el Distrito recuerda el deslizamiento de tierra que ocurrió en el 2009 en el barrio Villa Jackie, que dejó a 90 familias sin casas y produjo la estampida de centenares de personas.

Por este hecho, Cemex les pagó las viviendas a los afectados.

Pero quizá uno de los aspectos que más preocupan a los técnicos de la Secretaría de Ambiente tiene que ver con el cambio en el rumbo que ha tenido el río Tunjuelo.

“Desde 1950, ha sido víctima de la indiscriminada explotación minera, la cual modificó el lecho del cuerpo de agua; es decir, causó un cambio en su rumbo original por tres movimientos artificiales de las cementeras”, señalan los técnicos de ese despacho.

Para demostrarlo, citan cartografía del Instituto Geográfico Agustín Codazzi y varias fotografías aéreas tomadas desde los años 50.

Responde Cemex

EL TIEMPO se comunicó con voceros autorizados de Cemex, quienes manifestaron que van a acatar la medida.

No obstante, las mismas fuentes consultadas advirtieron que no están de acuerdo con la resolución del Distrito y anunciaron que van a hacer uso “de todos los recursos jurídicos permitidos por el marco regulatorio colombiano para tratar de modificarla o cambiarla”.

A esta hora, no ha sido posible encontrar una reacción de Holcim ni de la Fundación San Antonio.

Fuente: El Tiempo

Así lo denunció ayer el ministro de Defensa, Gabriel Silva Luján, quien explicó que a través del cobro de vacunas y extorsiones a mineros ilegales las bandas y grupos han encontrado una especie de desahogo ante las afugias económicas que pasan por la presión de la Fuerza Pública.

El Ministro precisó que la explotación de minas ilegales se da especialmente en el Nordeste. Y allí los ilegales actúan de dos formas: “hay situaciones donde un actor ilegal o un frente guerrillero o una banda criminal controla un área donde hay recursos mineros y asigna a personas para que los exploten y les cobra recursos por eso; la otra es la extorsión directa a mineros artesanales, a los que les cobran vacuna por dejarlos trabajar”.

A raíz de esta situación, ayer se realizó un consejo de seguridad en la Base Aérea de la FAC en Rionegro, con asistencia del gobernador de Antioquia, Luis Alfredo Ramos; el general Óscar Naranjo, director general de la Policía; Felipe Muñoz, director del DAS, y otros mandos militares y policiales, con el fin de analizar el tema y tomar medidas.

El ministro Silva anunció que se conformó un comité interinstitucional integrado por las autoridades civiles, policiales y militares, además de la Fiscalía, la Procuraduría y otros organismos de lucha contra el delito para combatir este flagelo, que no sólo incrementa la violencia de los ilegales sino que también desangra las arcas del departamento y causa gran deterioro al medio ambiente.

“Hemos tenido experiencias exitosas de lucha interinstitucional contra la minería ilegal en el Chocó y el Valle y esa misma metodología la vamos a aplicar en Antioquia”, dijo.

Añadió que en la medida que se legalice a los mineros ilegales que lo hacen por necesidad o sustento y “le demos severidad a quienes no cumplen las normas, vamos a lograr resultados eficaces”, concluyó el Mindefensa.

Fuente: El Colombiano

Si los trabajadores de la mina La Jagua votan el cese de labores, podrían provocar una decisión similar en otras minas que operan separadamente. “La compañía reafirma su actitud comprometida hacia el diálogo abierto, franco y respetuoso con el único propósito de lograr el cierre satisfactorio de este largo proceso”, indicó Prodeco en un comunicado de prensa. “Lamentablemente si se vota la huelga, todos perderemos”, agregó.

Prodeco explicó que ha establecido diálogos con los trabajadores por más de 40 días sin que haya algún acuerdo, y ha ofrecido incrementos salariales en línea con la inflación. Los trabajadores de la mina La Jagua, una de las dos de propiedad de Glencore, probablemente votarán la huelga el viernes, dijo el jueves a Reuters un representante sindical.

Los empleados de la estadounidense Drummond, el segundo exportador colombiano de carbón, votaron la huelga el lunes, una decisión calificada por la firma como ilegal.

Los sindicatos han empleado la amenaza de huelga para reforzar su postura frente a las firmas mineras y petroleras, que han regresado a Colombia luego de la fuerte disminución de la violencia de las guerrillas izquierdistas gracias a la política de seguridad del presidente Alvaro Uribe.

Reuters

Fuente: Portafolio